Por Multimedia Stereo 100 |
Este viernes, el Ministerio Público (MP) informó, en un comunicado publicado en redes sociales, sobre la solicitud de antejuicio en contra del juez Segundo del Juzgado de Ejecución Penal de Quetzaltenango, Nolver Oziel Fuentes Fuentes; el diputado, Aldo Dávila —2—, y la alcaldesa de Parramos, Chimaltenango, Alicia Méndez González.
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— MP de Guatemala (@MPguatemala) October 15, 2021
Los hechos en que se vincula a Fuentes fueron el 16 de febrero de este año, cuando según la investigación, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) certificó lo conducente en contra del juez, debido por retardo y perjuicio ocasionado a sujetos procesales al no dar seguimiento a lo ordenado por la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Quetzaltenango.
Los delitos en los que habría incurrido el juez son abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia, resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y retardo de justicia.
Los casos que involucran a Dávila
El 26 de febrero de este año se recibió una denuncia en contra del diputado Dávila porque durante una diligencia ocular en un Juzgado de Santa Rosa, mediante amenazas y e intimidación, trató de obstruir el trabajo de la justicia —Procuraduría General de la Nación (PGN), mandatario judicial y Policía Nacional Civil (PNC)—.
El MP informó que la actitud del funcionario puede encuadrarse en los delitos de abuso de autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir.
El segundo caso en contra de Dávila, según el MP, fue el 19 de abril reciente, cuando un agente de la PNC lo denunció por agresión física y verbal. De acuerdo a la acusación, el elemento estaba en un escudo de seguridad durante manifestaciones. El MP considera que la acción del legislador podría encuadrarse en abuso de autoridad.
El caso en contra de alcaldesa
El 15 de febrero de este año, se recibió una denuncia en contra de Méndez González, la cual fue interpuesta por el Concejo por el nombramiento y corrimiento de cargos de manera ilegal.
El MP considera que la acción de la alcaldesa se podría encuadrar en coacción, apropiación y retenciones indebidas, falsedad material, falsedad ideológica, supresión, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, desobediencia y nombramientos ilegales.
Con información del MP
