A tres años desde la vigencia de las reformas al Código Civil, algunas familias aún presionan a niñas y adolescentes para vivir en una unión de hecho ilegal.
Con información de Shirlie Rodríguez.
En el 2018 se modificó en Guatemala la edad mínima para contraer matrimonio. El artículo 83 reza: “Prohibición de contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de dieciocho (18) años de edad”, los casos de uniones entre niñas y adolescentes con hombres mayores a ellas o de similar edad, siguen.
En muchos casos han encontrado formas de jugarle la vuelta a la ley, como mudarse juntos o vivir en unión de hecho. Uno de los objetivos de la ley era reducir los embarazos en este sector de la población, pero las estadísticas demuestran que no se ha cumplido, además en el artículo 84 establece que por una excepción y fundamentado, el juez o jueza puede autorizar un matrimonio de adolescentes de 16 años y no hay normativa para castigar las uniones ilegales.
Lucrecia Ixquiac, es vecina de la aldea Las Majadas en Quetzaltenango y ha vivido en el lugar sus 65 años de vida, de niña fue obligada a casarse a cambio de una cantidad de dinero, no recuerda cuánto, porque no la incluyeron para tomar la decisión. Su hija Ramona, tuvo una suerte similar. “Yo no la obligué, ella se entregó al muchacho y la tuvimos que casar, porque quedó embarazada”, cuenta.
Ramona también platica que hace unos dos años llegó a la casa de su comadre, porque hicieron una pequeña reunión por el matrimonio de la hija de 17 años, el muchacho era igual de joven que ella. Al preguntarle si sabe que esos matrimonios con niñas y adolescentes son ilegales, respondió, “eso dicen, pero ahí están viviendo juntos”.
Las diputadas Mirna Figueroa, Ana Guzmán Sánchez y Sofía Hernández, presentaron las reformas al Código Civil, con el objetivo de disminuir la cantidad de embarazos a temprana edad, en el 2015 cuando estaba aún en conversaciones, el reporte del Ministerio de Salud Pública era de 103 mil 937 embarazos en niñas y adolescentes de edades entre 10 a 19 años. El año en que fueron aprobadas las reformas, eran 103 mil 271 casos. Tres años más tarde, las cifras evidencian la reducción al menos de 10 mil embarazos, un descenso lento, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar), reporta 90 mil 936, durante el 2020.
La diputada Ligia Hernández, de la bancada Semilla, que está a cargo de comisiones de Niñez y Adolescencia, explica que las estadísticas son sinónimo de violencia sexual y que por la pandemia existe un subregistro que podría duplicar la cantidad descrita.
Agrega que las uniones libres están también reflejadas en estas estadísticas, pero es a consecuencia de diversos factores. “A algunas niñas las entregan a cambio de una vaca, dinero u otras cosas y lastimosamente no todos los diputados están comprometidos en abordar estos temas, hay bancadas que se oponen a priorizar la educación sexual”, resalta.
Pero, ¿Cuáles son las causas?
Telma Suchi, de Osar, menciona que esta problemática se toma como tradición en algunos lugares, pero también es una salida que encuentran las familias empobrecidas. Refiere que no hay registros de las uniones de niñas menores de 18 años, pero los municipios de San Juan Ostuncalco, Coatepeque, Cajolá, Palestina de Los Altos y áreas rurales de la cabecera de Quetzaltenango, son los que reportan más casos de embarazos en niñas y adolescentes. “En parte, son consecuencia de estos matrimonios infantiles. Algunos territorios aún tienen como ley que una niña que vaya a cumplir 12, 13 años o menstrúe, ya está lista para hacerse cargo de una un esposo e hijos y hacen tratos para unirlas incluso con hombres que les doblan la edad. En áreas rurales donde hay familias numerosas y pobres, en lugar mantenerla económicamente hasta terminar sus estudios, prefieren esta alternativa», recalca.
Este es el caso de Lorena de 13 años, vive en Cajolá junto a su mamá y tres hermanos. Ella es la encargada de los quehaceres de la casa y de alimentar a los tres pequeños niños. Su madre trabaja día y noche haciendo tortillas y ya le ha anunciado a la adolescente que pronto se irá a vivir con Roberto, tiene 18 años, el dinero no alcanza para mantenerla, le ha mencionado.
Lorena no terminó la primaria y a pesar de que le gusta leer, ahora tendrá una nueva tarea, atender a su compañero.
Melvin Zacarias, titular del Registro Nacional de las Personas (Renap) en Quetzaltenango, explica que desde que entró en vigencia la normativa, no se reportan casos de matrimonios infantiles, asegura que el sistema no deja ingresarlos, contrario a esto, la entidad del Procurador de los Derechos Humanos, presentó un informe en el que se denunciaron que se inscribieron 58 matrimonios de menores de edad en todo el país durante el 2017 y 2019.
Para Nohemí Racancoj, promotora de derechos sexuales y reproductivos en Osar, en los primeros años de vigencia de la reforma, muchos de los alcaldes indicaron que desconocían la ley y esto llevó a que oficiaran bodas, este argumento usó la alcaldesa de Génova, Quetzaltenango, Sheily Vásquez, que autorizó el matrimonio de una menor de 15 años. Racancoj asegura que desde la entidad que representa buscaron socializar estas modificaciones y así no vulnerar los derechos de las niñas y adolescentes. En el informe de PDH, Huehuetenango reportaba nueve inscripciones y el departamento de Quetzaltenango era el segundo con más casos, ocho en total.
La abogada Karla Méndez, de la Defensoría de la Mujer Indígena menciona que la ley es clara, los matrimonios en menores de edad están prohibidos, pero muchas madres y padres de familia no comprenden que ahora esto representa un hecho ilegal. Asegura que las niñas son vistas como objetos para hacer trueque y condonar deudas.
Indica que no hay forma de sancionar o castigar a los padres, madres o tutores.
“Un procedimiento para sancionar es complicado, esto es una unión de hecho que no está registrada, tampoco matrimonio porque ningún abogado o notario podría celebrarlo, sin embargo hay casos que celebran el acto donde consta la unión, pero nunca se registra en el Renap.
Hay casos penosos, notarios han realizado documentos que ni siquiera tienen fundamento legal donde dejan constancia de la unión de la niña con el hombre y que contraerán matrimonio cuando cumpla 18 años, esto debe ser sancionado” comenta.
La delegada de PDH en Quetzaltenango, Flor Gómez y Cecilia Méndez, de Procuraduría General de la Nación, concuerdan en que no tienen denuncias por estos casos. Gómez resalta la preocupación de la inexistencia de datos que reflejen estas realidades y no se acerquen a denunciar los hechos, porque mientras tanto, siguen siendo vulneradas.
Las consecuencias que estos casos traen a las niñas y adolescentes, trascienden a su salud física y mental, así lo asegura Mercy Bol, psicóloga, menciona que son niñas que no están de acuerdo con estas uniones, están todavía en desarrollo y la adolescencia es una etapa en la que el ser humano aprende a tomar decisiones y se le entrega una responsabilidad mayor a la que tendría que tener a esa edad.
La profesional refiere que las niñas entre más temprano se unan en matrimonio, tienen mayor probabilidad de padecer un trastorno del estado de ánimo como depresión, ansiedad o incluso caer en adicción con el alcohol y las drogas.
Bol dice que la mayoría de estos casos, las niñas están con hombres mayores, que incluso les doblan la edad y esto las deja con sentimiento de estar completamente desprotegidas, no pueden hablar de lo que les pasa internamente y ahí entran en círculos de violencia.
Alejandra, se unió a sus 16 años con un hombre de 37, que regresó de Estados. Años después ella denunció ser víctima de violencia, el esposo la privó de su libertad, la agredía físicamente y también la suegra ejercía violencia psicológica, no fue denunciado por varios años, hasta que logró escapar y pidió ayuda con su familia.
La educación como herramienta para romper estas prácticas
El estudio “Inversión pública dirigida a niñas y adolescentes en Guatemala”, de la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni), evidencia que el Estado guatemalteco invierte Q5.28 al día, en las niñas y adolescentes pero no cubre aspectos como el acceso a estudios a pesar que el Ministerio de Educación reporta un mejor desempeño en lectura y matemáticas, en comparación a los niños.
Astrid Calijau, es una joven de 26 años y recuerda que en su niñez sí se daban estos matrimonios y si llegabas a los 15 años sin esposo, eras una “dejada”, pero existió un cambio significativo, llegó una agencia bancaria al municipio y empezó a contratar a mujeres jóvenes esto generó ingresos económicos para las mujeres y que ellas quisieran continuar con su educación y superarse profesionalmente.
La trabajadora social Aura Pisquiy dice que el gobierno debe garantizar que se cumpla el derecho a la educación para las niñas y adolescentes, esto las empodera y les muestra un panorama amplio de su vida.
La profesional en psicología concuerda en que la educación es vital. “Lo veo de esta forma, las niñas tienen enfrente un único camino, pero al tener educación y trabajo, te abre las puertas a ver que existen otros caminos, además te sientes con la capacidad de lograrlo”, dice Bol.
Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de ¡Exprésate! en América Latina.
