El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció en la madrugada de este sábado que la expresidenta interina Jeanine Áñez fue aprehendida en el departamento de Beni, por el caso del supuesto “golpe deEstado” contra el exmandatario Evo Morales, en 2019.
“Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter.
En las primeras imágenes que circularon, compartidas por el propio Gobierno, se observa a Áñez en ropa deportiva y visiblemente afectada, tras la detención.
La expresidenta dijo, también por Twitter, que se trata de un “acto de abuso y persecución política” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Morales.
Tras el allanamiento a su domicilio ubicado en Trinidad, Beni, algunas versiones apuntaban a que Áñez habría abandonado el país, situación que fue descartada tras el anuncio del Gobierno.
Horas antes, la expresidenta había dado a conocer la orden de aprehensión en su contra, así como en contra de algunos de sus ex miembros de su gabinete, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante la crisis poselectoral de 2019. La denuncia fue presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty.
Las órdenes de aprehensión también son para los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes ya fueron detenidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente y trasladados a la ciudad de La Paz para sus audiencias.
Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia) están incluidos en esta lista, que también alcanza a exjefes militares y policiales.
Ambos detenidos aseguran que no se actuó de acuerdo con la ley, porque no hubo notificaciones previas y que se trata de una “persecución política”.
“Creo que esto es un abuso al que está acostumbrado al MAS, yo estaba por la calle circulando y me detienen”, dijo a los medios el exministro Guzmán.
Tras audiencia cautelar, la primera detención preventiva ya fue dictada para el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA), el almirante Flavio Gustavo Arce San Martin, que se encuentra bajo arresto en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Oficialismo y oposición enfrentados
“Justicia” o “persecución política”, estos dos argumentos se polarizan con más fuerza en Bolivia, tras las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía, lo que ha dado lugar a varias reacciones, tanto de representantes del oficialismo como de la oposición y también de organismos internacionales.
El expresidente y líder de la oposición, Carlos Mesa, considera que se está viviendo un “proceso de persecución política peor que en las dictaduras” basado en la invención de un “caso de sedición y golpe de Estado”, y emitió una declaración como jefe de partido de Comunidad Ciudadana (CC).
Mesa aseguró que permanecerá en el departamento de La Paz, en caso de que sea requerido por la justicia y “enfrentará la realidad defendiendo la democracia”.
Luis Fernando Camacho, líder opositor y virtual gobernador del departamento de Santa Cruz, que participó activamente de las movilizaciones de 2019, le pidió al presidente Luis Arce que “deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”.
Reacción de Evo Morales
Líderes y parlamentarios de la oposición señalan que la justicia en Bolivia está actuando de manera selectiva y respondiendo al mandato del poder Ejecutivo; mientras que partidarios y militantes del MAS insisten en recalcar que es un acto de justicia para reparar el “golpe a la democracia y las masacres en Senkata y Sacaba” de 2019, donde varias personas perdieron la vida.
El propio expresidente Morales -considerado el mentor de Arce, que asumió la jefatura de Estado el pasado mes de noviembre- aseguró vía Twitter que se trata de una acto de «justicia y verdad» para las «víctimas fatales» sufridas durante «el golpe de Estado» que, en última instancia, le llevaron a abandonar la presidencia y buscar refugio en México.
En este contexto de tensión, resurgen nuevamente las versiones de “fraude electoral” y “golpe de Estado”, que enfrentaron a los bolivianos, en una de las peores crisis en la historia del país.
Jeanine Añez asumió la presidencia luego de las denuncias de fraude electoral en 2019 y en un momento de fuerte tensión política que derivó en la salida del entonces mandatario Evo Morales.
Tras su renuncia también dimitió el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta Adriana Salvatierra, el presidente de Diputados, Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez subió al poder porque era la segunda vicepresidenta del Senado.
Declaración de Human Rights Watch
Los órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de “terrorismo”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, cuestionando así las órdenes de aprehensión emitidas por el caso del supuesto “golpe de estado”
Vivanco argumentó en un hilo de Twitter que hay “importantes irregularidades” que generan dudas de estar frente a un “proceso basado en móviles políticos”.
“Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, finalizó el director de la ONG defensora de los derechos humanos.
Con información de Fabiola Chambi / Voz de América
