Con información de Carlos González.
Quetzaltenango. La Municipalidad de Almolonga ha habilitado recientemente su portal web para dar cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), según decreto 57-2008 del Congreso de la República.
La LAIP obliga a las municipalidades a publicar en un portal o página electrónica información sobre su gestión en forma clara y actualizada con el objetivo de garantizar a la población como mínimo el acceso a la información pública que produce la misma durante su gestión.
En el informe de cumplimiento de la LAIP de la Procuraduria de los Derechos Humanos PDH del 2019, reveló que sólo los municipios de Olintepeque y Sibilia tienen un nivel de cumplimiento aceptable, el resto presenta una puntuación baja.
Los municipios de: Cabricán, La Esperanza, Quetzaltenango, San Carlos Sija, San Mateo, San Francisco La Unión, San Martín Sacatepéquez, San Miguel Siguila, Zunil, Cajolá y Almolonga presentan un nivel deficiente con un rango de cumplimiento de menos del 60 %.
El alcalde del municipio de Almolonga, Oscar Gonón, explicó que recientemente se creó el portal para dar cumplimiento a la LAIP ya que según él es importante que todos los municipios presenten la información de su gestión como muestra de transparencia.
“A través del portal fortaleceremos la participación ciudadana y que los sectores sociales fiscalicen nuestro trabajo, que sepan que todo lo que se hace es con transparencia” explicó Gónon.
La auxiliar procurador de los Derechos Humanos, Flor Gómez Mejía, expresó que a partir del mes de septiembre se iniciará de nuevo la supervisión general a 20 municipios del departamento de Quetzaltenango, esperando que la mayoría cumpla debido a que en el 2019 el porcentaje fue mínimo tomando en cuenta que la ley cumple 12 años de vigencia.
“Hemos venido realizando supervisiones desde enero, no obstante hemos detectado algunas debilidades dentro de las municipalidades, por ello hemos realizado procesos de formación y sensibilización para que se pongan al día las páginas” explicó Gómez.
Si la puntuación que consiguen los municipios a los que se realizará la supervisión es menor del 60 % se está incumpliendo con esta responsabilidad lo que implica un ilícito penal.
