A pesar de que el gobierno de Nicaragua guarda silencio sobre las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la Policía Nacional, el presidente Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una reforma de ley para quitar el control de ese organismo sobre el Instituto de Pensiones que maneja los fondos de retiro.
Los diputados sandinistas aprobaron con carácter de urgente y con una mayoría de 71 votos a favor la “Ley para el Fortalecimiento de la Gestión del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano” para que deje de ser parte de la Policía Nacional.
El diputado Sandinista, Wilfredo Navarro, explicó que, “Se requiere separar para que no continúen todo ese montón de afirmaciones que se han hecho”, sobre las sanciones existentes para el Instituto de Seguridad Social de la Policía, “porque ellos no son parte de la Policía. Son un organismo independiente, autónomo”.
El artículo 4 de la nueva Ley deja adscrito el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano a la Presidencia, por lo que el presidente Ortega tendrá amplia discrecionalidad sobre el manejo financiero del fondo de pensiones privado de los policías y del personal del Ministerio de Gobernación y sus dependencias.
“Deja de estar adscrito a la Policía Nacional y pasa a adscribirse a la presidencia”, aseguró Navarro a medios de comunicación.
En tanto la diputada del Partido Liberal Constitucionalista, Azucena Castillo, señaló que esta medida es insuficiente debido a que mientras se tenga presencia de jefes policiales en el Consejo Directivo de este instituto persiste el riesgo de que se bloqueen todas las transacciones financieras y los negocios.
“Y pienso, ¿no se estará enredando más la cosa en ese sentido? ¿No hay ninguna imprudencia técnica legal para tratar de evadir esa sanción de gestión? A nadie pasa desapercibido que el deslindarlo de la Policía y adscribirlo a la presidencia es buscar como evadir las sanciones”, dijo la parlamentaria durante el debate de ley.
Uno de los cambios importantes es la conformación del consejo directivo de la entidad, ya que se quitó a la figura del director y subdirector de la Policía, del subdirector general de Administración y Gestión, así como al Inspector General de la Policía Nacional.
Sin embargo, la jefatura policial mantendrá su influencia en el manejo administrativo del fondo de pensiones y de los servicios médicos a los jubilados.
En el Instituto de Pensiones de la Policía Nacional, creado en el año 1996, cotizan todos los miembros de esta Institución además de miembros de la Dirección de Migración y Extranjería, Dirección General de Bomberos, Sistema Penitenciario Nacional, personal del Hospital Policial Carlos Roberto Huembes y los empleados del Ministerio de Gobernación.
Analistas políticos apuntan a que las sanciones que aplicó Estados Unidos contra la Policía Nacional podrían afectar indirectamente al Instituto de pensiones, por lo que la reforma de ley era necesaria.
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América
