Defensores de derechos humanos en Nicaragua expresan preocupación por los constantes procesos judiciales que periodistas independientes enfrentan por denuncias interpuestas por trabajadores del Estado o simpatizantes sandinistas.
Estos hechos, expone el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas, representan “ataques gubernamentales contra la prensa independiente” que han ido evolucionando desde amenazas, estigmatización, robos e incluso manipulación del poder judicial.
“Estamos más que seguros que este es un ataque a la libertad de expresión, un mensaje que se le está mandando a los demás periodistas. Es un acto evolutivo en esta cadena represiva, empezaron con robos, intentos de asesinatos, ahora están tratando de callarlos de otra manera y es utilizando el poder judicial”, argumentó Cuevas.
Su declaración se basa en que al menos dos periodistas nicaragüenses fueron notificados en las últimas semanas sobre el inicio de procesos judiciales en su contra.
Caso ‘La Costeñísima’
La periodista Kalúa Salazar, jefa de prensa de Radio La Costeñísima, fue remitida a juicio luego de que la acusación por injurias y calumnias interpuesta por tres trabajadores del Estado fuera admitida en los juzgados de Bluefields, en la región costera de Nicaragua. Salazar dijo a medios locales que este proceso en su contra es consecuencia del ejercicio de su trabajo periodístico en esta región.
“Se puede notar la mala intención. Difícilmente podemos comprender que esto esté sucediendo aquí. Aquí en Bluefields por defender nuestro trabajo, por presentar un noticiero, por estar al lado del pueblo, ese es el trabajo que nosotros hacemos y por lo cual estamos aquí ahora”, dijo la periodista.
El trabajo periodístico por el que Kalúa está siendo demandada lleva por nombre “Se destapa corrupción en la Alcaldía del municipio El Rama”. En el mismo, salen a luz algunos nombres de trabajadores de la comuna denunciados por corrupción.
Kimberly León, directora de la Radio, denunció el hostigamiento constante de parte de la policía. Horas previas a la audiencia de Kalúa, varias patrullas se apostaron en frente de la radioemisora y en la vivienda del periodista y locutor Carlos Eddy Monterrey.
“La Costeñísima estaba rodeada de policías y antimotines incluso estaba cerrada toda la cuadra no podía pasar ningún vehículo… hoy a las 6 de la mañana que es el noticiero que transmite Kalúa igual estuvieron las camionetas de la policía como por 30 minutos”, destacó León.
El pasado 20 de mayo del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares para el periodista de Radio la Costeñisima Eddy Monterrey, por considerar que se encuentra en peligro en Nicaragua.
Otros hechos
Mientras en Managua, el director del medio digital Boletín Ecológico, David Quintana, también enfrenta acusaciones por delitos similares.
“Es una situación más de lo que hemos pensado siempre la prensa independiente, igual que le paso a Kalúa en Bluefields, es lo mismo, la persecución a la libertad de prensa, a la que nosotros tenemos derechos”, dijo Quintana, que interpuso la denuncia pública ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
Del primero de abril de 2018 al 31 de diciembre de 2019, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documentó más de 1.979 violaciones a la libertad de prensa y en lo que va de 2020 se registraron 192 ataques contra periodistas y la libertad de prensa.
Mientras la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) se pronunció en rechazo al enjuiciamiento de periodistas “producto de los ataques y asedios que realiza la policía y miembros plenamente identificados por el gobierno”.
A través de un comunicado la APN catálogo de “aberración jurídica” las acusaciones en contra de Kalúa Salazar, David Quintana, de Boletín Ecologico y del fallecido director de La Costeñisima, Sergio León, por considerar que evidencian la “sumisión del sistema judicial ante el régimen orteguista”.
La posición oficial
Sin embargo, el gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones que respeta la libertad de prensa en el país y que existe independencia entre los poderes del Estado.
La vicepresidenta Rosario Murillo, que cada mediodía informa sobre el quehacer del gobierno que encabeza su esposo Daniel Ortega, es la artífice de la “Estrategia de Comunicación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional”, que definió como política informativa oficial “usar nuestros medios, para que nuestra información salga incontaminada, directa”. Y así ha sido.
Pese a que hay una Ley de Acceso a la Información Pública, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha publicado informes que exponen cómo la normativa no funciona, mientras las acusaciones contra periodistas se siguen sumando en los juzgados del país.
Con información de Daliana Ocaña / La Voz de América
