Aunque oficialmente el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha decretado una emergencia sanitaria en Nicaragua por la COVID-19, esta semana el mandatario envió al parlamento una iniciativa para reorientar fondos hacia el sistema de salud, impactado por la pandemia.
Los fondos proceden de un contrato de préstamo en 2016 por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para mejorar tramos de carreteras, el cual fue modificado en este contexto para financiar el «Programa de Emergencia, Prevención y Contención de COVID-19».
La modificación del préstamo fue aprobada en el parlamento de mayoría oficialista por 74 diputados.
El decreto establece que los recursos serán orientados a la compra de medicamentos, insumos y equipos médicos, así como a la protección del personal de salud y a aquellos que tengan contacto con casos sospechosos y positivos.
Al respecto, la diputada opositora Azucena Castillo, que pertenece a la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la legislatura, dijo a la Voz de América que esta redirección a un préstamo aprobado por el BCIE es un gran logro en medio de la emergencia que se vive en la actualidad.
“En las circunstancias que está Nicaragua, aislada por los préstamos de cooperación por la violación a los derechos humanos desde abril de 2018, es importante que se redireccione este dinero, aunque apenas es una gotita de agua en un océano de necesidades”, explicó Castillo.
La legisladora ha denunciado una falta de transparencia en el manejo de los fondos para atender la pandemia en Nicaragua y ha exigido que se rinda cuentas de compras y donaciones actuales para tener mayor apoyo.
“Vemos cómo se ocultan algunas informaciones sensibles, incluso las muertes son manipuladas. Vino una donación de kits y no se sabe qué se hizo, es tenebroso esto: recordemos los entierros clandestinos a medianoche”, añadió.
Por su parte, el diputado oficialista José Figueroa destacó que los fondos totales, que ascienden a 11,7 millones de dólares, servirán para mejorar la infraestructura en los hospitales públicos del país.
Economista sugiere reformar presupuesto
En este contexto, economistas y analistas coinciden en que urge una reestructuración al Presupuesto General de la República para el sistema de salud, debido a los problemas de la COVID-19.
El economista Maykell Marenco, es uno de ellos. Marenco dijo a la VOA que no solo se trata de reasignar fondos, sino de crear un mecanismo de seguimiento y hacer ajustes presupuestarios.
“Con respecto a países de la región, nosotros no nos encontramos en las primeras posiciones en programas de inversión pública para materia de salud. Entonces sí es necesario que haya una mayor partida para esto, pero también debe ser distribuido de forma eficiente en cuanto a su manejo y aplicación”, explicó Marenco.
En promedio por año, Nicaragua destina al sector de la salud, el 3,9 por ciento de su Producto Intento Bruto, considerado uno de los más bajos de Centroamérica, según organismos financieros internacionales.
Con información de Houston Castillo Vado / La Voz de América
