Por Carlos González |
Denuncias de delitos contra la integridad física, el patrimonio con uso de violencia o robo agravado, patrimonio sin uso de violencia o hurto, extorsión, violencia sexual, contra la vida, robo de celulares, de armas y municiones y narcoactividad, figuran entre los más denunciados en las oficinas del Ministerio Público (MP), entre el 16 y 22 de marzo de 2020, primera semana del Estado de Calamidad Pública decretado por el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, para atender la contención del Covid-19.
El Estado de Calamidad Pública implica el cese de actividades laborales en oficinas y centros de trabajos y la restricción a la libre locomoción (toque de queda) de las 16 horas a las 4 del siguiente día.
#AlertaCovid19
El @MPguatemala reporta un descenso en la incidencia delincuencial a nivel nacional.Vía @G100DeLeon pic.twitter.com/LYdzzPpQgt
— Stereo100Noticias (@stereo100xela) April 9, 2020
La institución, en sus redes sociales, informó que por instrucciones de la Fiscal General y Jefa del MP, María Consuelo Porras, todas las sedes del país están laborando en grupos de trabajo.
El Departamento de Análisis Criminal (DAC) del MP reporta que, durante la primera semana de vigencia de las medidas de contención, se reflejó un descenso en algunos delitos denunciados por la población, en comparación con las dos primeras semanas de marzo.
El comportamiento de estos delitos fue analizado en base al registro de denuncias presentadas en las nueve regiones donde el MP, por medio de Agencias Fiscales y Fiscalías, tiene cobertura.
Reducción de incidencia criminal
De acuerdo con analistas de la DAC, la reducción de incidencia criminal se encuadra en dos hipótesis, la primera relacionada al impacto que ha generado una mayor sensación de seguridad en el país, es decir, la masiva presencia policial en mercados, puestos de control y registro, en carreteras y apoyo en distintas actividades preventivas.
La otra se enfoca específicamente en las acciones tomadas en función del Estado de Calamidad Pública, en la cual destacan la suspensión parcial de las actividades de comercios e industrias, así como la suspensión total del servicio de transporte público y la restricción de interacción social (distanciamiento social).
