Por Shirlie Rodríguez
Hace un año, en el Hogar Seguro Virgen de La Asunción, en San José Pinula, Guatemala, se reportó un incendio dentro de un sector donde estaban encerradas más de 50 niñas y adolescentes, los bomberos trasladaron los cuerpos calcinados a hospitales cercanos, mientras en las principales cabeceras departamentales del país se celebraba el Día Internacional de la Mujer.
Al pasar los días, los padres de las 41 víctimas mortales continúan esperando justicia y acciones del Gobierno, principalmente, del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, quien en el momento de los hechos criminalizó a las menores de edad y afirmó a medios internacionales que ellas estaban bajo llave.
Édgar Véliz, padre de Estefany Sucely, quien murió calcinada, refiere que no existen acciones del gobierno para hacer justicia por las 41 muertes.
El Ministerio Público (MP) procedió de forma penal, y en la actualidad enfrentan proceso Anahí Keller, exsubsecretaria del Bienestar Social; Santos Torres, exdirector del hogar, y Carlos Rodas, exsecretario del Bienestar Social.
Sectores de la población concuerdan que faltan acciones para hacer justicia en este hecho que enlutó a la sociedad guatemalteca. Rebeca Pérez, del Centro Ecuménico de Integración Pastoral (Ceipa), explica que no se ha dado seguimiento a las acciones para prevenir la institucionalización de los menores de edad y evitar tragedias.
Un grupo de diputados, quienes han sido señalados por actos de corrupción, hicieron una propuesta al Congreso de la República para resarcir de forma económica a las familias de las víctimas, entregando Q5 mil por tres años. Flor Gómez, delegada de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Quetzaltenango, refiere que estas son medidas de reacción y que no se atienden los problemas de raíz.
Foto: Soy502
