Por Redacción Sucesos |
Este martes la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) desarrolló 48 allanamientos, de ellas, 22 órdenes de captura y diez citaciones que fueron solicitadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes.
En un comunicado, Cicig y MP informaron que este martes fueron detenidos los siguientes exfuncionarios municipales de Xela, sindicados de asociación ilícita, fraude, cohecho
pasivo, cohecho activo, lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita, malversación y abuso de
autoridad:
1. Jorge Rolando Barrientos Pellecer (exalcalde)
2. Rossana Schoenfeld Gramajo De Barrientos (esposa de Barrientos)
3. Maximiliano Ingemar De León Argueta (funcionario de municipalidad)
4. Carlos Daniel Illescas López (funcionario de municipalidad)
5. María Elisa López Ixtabalán (exgobernadora de Quetzaltenango)
6. Carlos Roberto Pereira Gálvez (funcionario de municipalidad)
7. Willy Rolando Vásquez De León (empresario)
8. Carmen María Barrientos Salguero (familiar de Barrientos)
9. René Arturo Morales Rosal (allegado de Barrientos)
10. Ana Gabriela Barrientos Salguero (familiar de Barrientos)
11. Julio César Saj Güinac (empresario)
12. Luis Alberto Menchú Maldonado (empresario)
13. Mario César Pacay García (funcionario de municipalidad)
14. Vivian Carolina Jacobs Rodríguez (allegada de Barrientos)
15. Celso Sarceño González (empresario)
16. Werner Gudiel Domínguez Sánchez (empresario)
El caso
De acuerdo a la investigación de las autoridades de Cicig, se evidenció la existencia de una estructura criminal organizada, la cual era integrada por funcionarios municipales de Quetzaltenango y el jefe de la oficina de planificación, empresarios y particulares.
De acuerdo a las pesquisas, la estructura otorgaba, de manera fraudulenta, al menos 122 contratos municipales a cambio de elevadas sumas de dinero, las cuales llegaban al 40 por ciento
del valor del contrato.
Jorge Rolando Barrientos Pellecer ganó, en el 2004, la alcaldía y fue reelecto en los periodos 2008-2012 y 2012-2016. “Para llevar a cabo los supuestos actos de corrupción en el manejo de obra pública, Barrientos Pellecer desarrolló una estrategia que implicó la generación de una estructura conformada por distintos concejales y síndicos, así como personas particulares, quienes pertenecían a su círculo más cercano”, detalle parte del comunicado emitido por Cicig y MP.
Los integrantes del denominado “grupo de amigos del alcalde” y que serían la estructura usada para obtener, de manera ilícita dinero, ocupaban puestos estratégicos en comisiones clave, entre ellas, Comisión de Infraestructura, Empresa Municipal de Agua, Comisión de Recepción de Obras, Comisión de Electrificación y Comisión de Finanzas.
La estructura pactaba con empresarios, con quienes tenía acuerdos previos, sobornos a cambio de ser beneficiados con contratos municipales.
El constructor, Palomo Leppe, principal adjudicatario de las obras, ocultaba su participación en las
ofertas de obra pública, a través de 12 empresas, dos creadas por él mediante otras personas y 10 que respondían a otras constructoras. Los que participaban como supuestos licitadores, prestaban documentos a cambio de un 10 por ciento del valor del contrato.
La ejecución de la obra era hecha por Palomo Leppe, mientras los supuestos adjudicatarios les trasladaban el 90 por ciento del valor de la misma, a través de cheques, a sus trabajadores
o proveedores.
Los funcionarios ediles se repartían entre un 20 y 30 por ciento de la obra. Algunos de los funcionarios mediadores en los proyectos estaban el concejal, Carlos Daniel Illescas López, y su madre, la exgobernadora de Quetzaltenango y diputada del Parlacen, María Elisa López Ixtabalán. El dinero se entregaba a los funcionarios en efectivo, por medio de pago de deudas, entrega de vehículos y sumas de dinero.
En el proceso de investigación se constató que existían cheques para los trabajadores del empresario, Palomo Leppe, quien es colaborador eficaz en el caso.
“Igualmente el análisis financiero, la identificación de bienes, inversiones, pagos en efectivo y
documentación ante la Contraloría General de Cuentas comprueban las acciones de ocultamiento
de bienes y dinero obtenido ilícitamente, en las que también participaron familiares de los
principales sindicados”, indica el comunicado.
