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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) presentan la tercera fase de la investigación del caso de financiamiento electoral ilícito al FCN-Nación. En este proceso se indica que el partido oficial recibió aporte sin registrar de parte de empresarios.

El comisionado de Cicig, Iván Velásquez, y la Fiscal General del MP, Thelma Aldana, proporcionaron recientes hallazgos en la investigación y las acusaciones en contra de cinco empresarios, quienes financieron de forma ilícita al partido que llevó a la Presidencia, en el 2015, a Morales.

El 18 de abril reciente, el MP y la Cicig detallaron que el financiamiento fue por medio del pago de fiscales electorales del partido FCN-Nación, en la campaña 2015.

Durante esta parte de la investigación, se estableció que personas particulares del partido establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales, a través de la empresa Novaservicios, S.A. El aporte se contabilizó en aproximadamente Q8 millones, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En el marco de esta investigación se presentaron, de forma voluntaria, en la Fiscalía de Delitos Electorales Paulina Paiz Riera y Olga Vitalia Méndez López, ambas con cargos de gerencia en Novaservicios S.A, quienes declararon sobre la manera en que el partido oficial captó fondos de manera irregular de parte de un grupo de empresarios.

Los aportantes
Durante la investigación se acercaron empresarios que financiaron de manera ilícita al partido oficial, quienes reconocieron haber entregado aportes anónimos, a través de Novaservicios, S.A.

Los empresarios confirmaron las declaraciones de las testigos Paulina Paiz y Olga Méndez, y el papel asumido por los empresarios Andrés Botrán y Rodrigo Arenas, y de Edgar Ovalle, quien representaba al FCN-Nación en las reuniones con empresarios.

Los empresarios sindicados aportaron como pruebas documentos de soporte de las transferencias de dinero, depósitos y las facturas recibidas de Novaservicios, S.A. De esta cuenta, el Juzgado de Mayor Riesgo D citó a declarar para el próximo 1 de junio a: Felipe Antonio Bocsh Gutiérrez, quien aportó un Q1 millón en la primera vuelta electoral, José Miguel Torrebiarte Novella, quien financió con Q1 millón 120 mil en la primera vuelta y Q1 millón 102 mil en la segunda vuelta, José Fraterno Vila, quien aportó Q200 mil en la segunda vuelta electoral, José Guillermo Castillo Villacorta, quien financió con Q1 millón en la primera vuelta y 1 millón 180 mil en la segunda, y a Salvador Paiz del Carmen, quien aportó 15 mil dólares en primera vuelta y Q116 mil 550 en la segunda.

El comisionado Velásquez señaló que, independientemente de la procedencia de los fondos que sean del crimen organizado o de financistas privados, ocultar su origen y utilizar subterfugios para que lleguen a determinado partido político causa daño a la democracia y vulnera la independencia de quienes tienen en sus manos decisiones de política pública, lo cual afecta a todos los habitantes.

En reiteradas ocasiones, el jefe de la Cicig ha señalado que el financiamiento electoral ilícito es el “pecado original de la democracia”. “Cuando se produce financiamiento ilícito los actores políticos no pueden competir en igualdad de condiciones por un cargo público, pues quien recibe aportes ilegales podría tener ventajas para su campaña electoral, a las que el resto de los competidores no accederían”, indica parte del comunicado del MP y Cicig.

Antecedentes
El 3 de mayo reciente, fueron ligados a proceso los empresarios Luis Rodrigo Arenas Echeverría y José Andrés Botrán Briz, sindicados de coordinar y ejecutar de manera anónima aportes y pagos al partido FCN-Nación, durante la campaña electoral del 2015.

En el rubro de pago de fiscales para la primera y segunda vuelta electoral, el partido FCN-Nación reportó al TSE un gasto de Q103 mil 706. En la segunda fase de la investigación se determinó que solo en pago de fiscales de mesa, dicha agrupación política gastó en las dos vueltas electorales Q7 millones 119 mil 300, es decir, Q7 millones 015 mil 594 más de lo reportado al TSE.

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