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Investigación revela plazas fantasma en el RIC

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Una investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) estableció la cooptación del Registro de Información Catastral (RIC), por parte de funcionarios de la institución, quienes estaban vinculados con la exvicepresidenta Roxana Baldetti, del 2012-2015, mediante la creación de plazas fantasmas como “moneda de pago” para cumplir favores políticos y/o sufragar gastos varios.

La investigación surge, a partir de junio de 2016, cuando desde el caso Cooptación del Estado se demostró la forma en que operadores designados por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, coordinaron una serie de actividades, con el fin de cooptar varias instituciones para obtener beneficios económicos ilícitos.

Los allanamientos, declaraciones testimoniales, colaboraciones eficaces, análisis forenses, criminales y financieros que se realizaron en ese caso, permitieron abrir nuevas líneas de investigación sobre varias instituciones, una de ellas, el RIC.

En el RIC, Baldetti asignó a Juan Carlos Monzón como su operador, y éste a su vez designó como enlace a Omar Nájera, tomando así el control de la institución y empezando a negociar favores mediante el otorgamiento de plazas, muchas de ellas conocidas como “plazas fantasmas”.

En la primera fase de toma de control del RIC, durante los años 2012-2013, en la institución estaba como director José Manuel Álvarez Girón. Con la llegada del Partido Patriota (PP) se pudieron documentar dos reuniones en el 2012, entre el entonces director Álvarez Girón, Juan Carlos Monzón, Omar Nájera y Roxana Baldetti.

En dichas sesiones, el director del RIC entregó información sobre las plazas y proyectos dentro de dicha institución. Existe evidencia respecto a una lista de personas que fueron contratadas dentro del RIC por instrucción directa de Baldetti y Monzón.

En una segunda fase de toma de control del RIC, durante los años 2013-2015, se nombró a Emilia Ayuso (cercana a Baldetti) como directora interina, quien a los pocos días designó a Carlos Humberto Santos Olivares como Gerente Financiero del RIC. Posteriormente y siguiendo instrucciones de Baldetti y Monzón, la directora Ayuso contrató a funcionarios bajo tres modalidades de plazas fantasmas.

La modalidad eran plazas referidas en las que el “contratado” se queda con un porcentaje del sueldo, siendo que no cumplían con el objeto del contrato y que el resto se daba a la persona que los refirió, la segunda en la que “el contratado” se queda con el dinero del sueldo de personas contratadas por la institución sin que cumplan el objeto del contrato y plazas pagadas por el RIC en las que el contratado realiza otras actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió.

De los allanamientos realizados se estableció que el personal de recursos humanos del RIC apoyó en la contratación de personas para llenar las plazas fantasmas, dado que sabían de la modalidad de plazas fantasmas, elaboraban los contratos, recolectaban las firmas para los contratos y, en algunos casos, elaboraban informes mensuales a nombre de los contratados para agilizar los pagos.

Si bien el RIC es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patrimonio y recursos propios, la presente investigación determinó la existencia de una estructura que operó y cooptó la institución, para obtener beneficios económicos y pagar favores políticos, a través de la asignación de plazas bajo el renglón presupuestario 029.

Para lograr el control del RIC y operar una serie de beneficios, la estructura señalada tuvo el apoyo de los directores de la institución José Manuel Álvarez Girón y Emilia Guadalupe Ayuso, así como de personal de áreas claves como recursos humanos, financieros y administrativos, quienes en su calidad de funcionarios públicos tenían conocimiento de cómo operaba esta estructura y que las plazas eran usadas como “moneda de pago” para cumplir con favores políticos o bien sufragar gastos varios.

La estructura que operó en el RIC vulneró los fines de la institución y le causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en Q 4 millones 893 mil, cantidad que se refiere sólo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad, que aún se encuentran en análisis.

A consecuencia de esta investigación se formularon las siguientes imputaciones:

-Ingrid Roxana Baldetti Elías, asociación ilícita, peculado por sustracción.
-Emilia Guadalupe Ayuso De León, asociación ilícita, peculado por sustracción.
-Daniela De la Luz Beltranena Campbell, peculado por sustracción.
-Selvin Boanerges García Velásquez, peculado por sustracción.
-Edgar Romero Cristiani Calderón, peculado por sustracción.
-Rocía Zussette Solórzano Landaverry, peculado por sustracción.
-Pedro Humberto Alvizuris Rezzio, peculado por sustracción.
-Obdely Saul Pérez Pojoy, peculado por sustracción.
-Paulo Antonio Arévalo Torres, peculado por sustracción.
-Sara Isabel Torras Trujillo, peculado por sustracción.
-José Manuel Alvarez Girón, asociación ilícita, peculado.
-Omar Gustavo Nájera Samayoa, asociación ilícita, peculado por sustracción.
-Ana Isabel Escobar Romero, peculado por sustracción.
-Ana Lucía Recinos Chavarria, peculado por sustracción.
-Daniel Gonzalo Figueroa Arévalo, peculado por sustracción.
-Federico Guillermo López Monzón, peculado por sustracción.
-Marlen Verónica Flores Navarijo, peculado por sustracción.

El Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal citó a los sindicados a la audiencia de primera declaración el próximo 24 de mayo.

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