Durante la audiencia en el caso Molina Theissen, que esta semana llegó al día 14, en el Tribunal de Mayor Riesgo C, en la capital, declara el administrador del Centro Intercultural de Quetzaltenango, antigua Zona Militar 17-15.
Por este caso son juzgados cinco militares, quienes son señalados de haber cometido desaparición forzada, violación agravada y deberes contra la humanidad, por la desaparición del niño Marco Antonio Molina Theissen, hecho ocurrido hace más de 36 años.
El 6 de octubre de 1981, un grupo de hombres armados entró a la casa de la familia Molina Theissen en la colonia La Florida, Guatemala. En ese momento, solo estaban Marco Antonio y su madre. El niño fue llevado engrilletado en una camionetilla.
Ana Lucrecia, hermana mayor del niño Marco Antonio, había llegado minutos antes del secuestro del niño, para indicar que su hermana Emma, retenida por militares desde hacía nueve días, había escapado.
Las dos hermanas estaban involucradas en movimientos estudiantiles y entidades políticas, las cuales eran perseguidas por el gobierno de ese entonces.
Emma viajaba el 27 de septiembre de 1981, de la capital hacia Quetzaltenango, con panfletos de organizaciones, entre ellos, el partido comunista Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), al cual pertenecía.
El bus en que iba fue detenido en un retén militar, al registrarla le hallaron los panfletos y por ello fue llevada a la Brigada Militar de Quetzaltenango. Los militares le pidieron información sobre el PGT, y al no obtenerla la golpearon, torturaron y violaron.
La declaración en el día 14
El administrador del Centro Intercultural de Xela, José Alberto de Paz Tello, donde indicó cómo recibió las instalaciones en el 2004, los usos y modificaciones del lugar donde funcionó la sede militar.
Paz mencionó que, pese a que conoce la historia del centro y reconocer algunos puntos en las fotografías presentadas por el Ministerio Público (MP), no confirma que en ese lugar se cometieron los abusos en contra de la familia Molina Theissen.
El criminalista e investigador del MP, Mynor Cite Delgado, indica que la estructura de la antigua Brigada Militar coincide con las declaraciones de Emma Guadalupe Molina Theissen, quien fue retenida, torturada y violada por militares en ese lugar.
Antonio Anaya, abogado defensor de los militares, le restó importancia a la declaración de Cite al decir que él no es fotógrafo, ingeniero ni conoció antes el edificio donde funcionaba la sede militar en Quetzaltenango.
El juez Pablo Xitimul dijo al abogado de los militares que el testigo es experto del MP y su informe fue autorizado en el proceso.
Erick Morataya, fiscal del MP que lleva el proceso, pidió al juez que se reproduzcan los audios de las declaraciones de Emma Guadalupe ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales fueron en Costa Rica, en el 2014, y del Axel Mejía, coordinador de la Comisión de Búsqueda de Niñez Desaparecida en Guatemala.
En su declaración Emma afirma: “Deseamos cerrar el duelo, sentir que sus restos van a descansar, que mi mamá pueda morir después de encontrar a su hijo, que la sociedad rinda un tributo a las personas que desaparecieron”.
Mejía indica que existen datos de más de cinco mil niños y niñas que desaparecieron durante el conflicto armado interno. Las audiencias se reanudarán el próximo 23 de abril, en el piso 13 de la Sala de Audiencias.
Con información de Prensa Comunitaria y BBC Mundo
